Durante este mes de junio de 2020, acompañamos a la audiencia para la petición de medidas cautelares para el Pueblo Waorani y en especial para los Tagareri – Taromenane debido al riesgo de contagio de COVID-19 que la actividad petrolera ha generado contra los pueblos que habitan el Yasuní. A más de todas las presiones ya existentes debido al extractivismo petrolero, se ha sumado la amenaza de la pandemia causada porque esta actividad no ha parado, y es más, se ha construido una nueva carretera que acerca el riesgo a la Zona Intangible.
Con nuestro análisis geográfico técnico y crítico realizamos un Amicus Curiae para fortalecer el argumento de que la actividad petrolera tiene que parar y que el Estado se haga cargo de los riesgos latentes y evidentes contra las poblaciones del Yasuní. El amicus del Colectivo fue presentado por Gabriela Ruales. Luego de una ardua lucha jurídica, el Estado preparó a cada representante de sus instituciones convocadas por el pueblo Waorani y su equipo jurídico, y como si se tratase de sus enemigos, argumentaba el por qué la petición de medidas cautelares no tenían razón de ser. Y sí las tenían por obvias y evidentes razones. Tal es así que ante el intento de desestimar el proceso, finalmente la jueza encargada del caso resolvió aceptar parcialmente la demanda interpuesta por la Nacionalidad
Waorani.
Compartimos aquí el boletín que explica la resolución y el por qué de esta nueva lucha del Pueblo Waorani: