Los últimos años han sido caracterizados por una creciente precariedad laboral. El acuerdo programático con el Fondo Monetario Internacional, firmado en marzo de 2019, consolidó el signo restrictivo de las políticas económicas con relación a la inversión pública, al tiempo que alentó las presiones ya existentes – por parte de los más poderosos sectores empresariales – para desregular los marcos legales de protección al trabajo. Con la emergencia sanitaria originada por el COVID-19, el Ecuador vivió en un régimen de estado de excepción en que se dispuso la suspensión temporal de ciertos derechos y garantías ciudadanas, mientras se implementaron medidas drásticas en materia laboral que aceleraron la demolición de los marcos de protección social del derecho al trabajo.
La amplitud del fenómeno fue casi imposible de calcular por la falta de datos a nivel nacional y por no poder contar tampoco con un registro sindical, ya que la sindicalización en Ecuador es un fenómeno marginal. A pesar de esto, desde el Colectivo de Geografía Crítica, en colaboración con la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES-ILDIS) en Ecuador, hemos investigado las modalidades y dispositivos que han adoptado las empresas y el Estado para imponer una drástica reforma laboral bajo el signo de la excepcionalidad, registrado cuantos más datos posibles sobre la afectación directa a las y los trabajadores y las estrategias de resistencia desarrolladas.
Este documento es una crónica política, económica y social de los atropellos comenzados en marzo de 2020 y que siguen en la actualidad, precarizando la vida en pos de una economía que ve la persona humana como un instrumento. La economía por sobre la vida y no al servicio de ella.