Entrada con un mapa en la plataforma CARTO que muestra la infraestructura minera (relaveras y planta de beneficio) en el territorio del pueblo Shuar.  

La mayoría de conflictos de Parroquia Tundayme, Cantón El Pangui en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe surgieron a partir de la llegada de la explotación minería a cargo de la empresa ECSA tras la concesión estatal y son fundamentalmente impactos ambientales y sociales. Entre éstos se destacan el acaparamiento de tierras y el desalojo forzoso de comunidades campesinas y Shuar; la deforestación del bosque de la Cordillera del Cóndor; la afectación a la calidad del agua de los ríos; aumento de los impactos sociales y las violencias de género afectando el tejido social de la población.
De los impactos ambientales, uno de los más graves es la afectación a los cuerpos hídricos entre lo más destacado el desvío del cause de los ríos y las descargas de agua contaminada, por esto el caudal ecológico de los Ríos Tundayme y Wawayme corren el peligro de ser afectados en su cantidad y calidad de agua por estos desvíos. Se está violando por lo tanto los artículos 318 y 411 de la Constitución descritos en el informe, por lo que recomendamos hacer énfasis en el respeto del agua, su calidad y sus caudales, estipulado en estos artículos.
Por otro lado la evidente tala del bosque secundario y primario de la Cordillera del Cóndor y las áreas de deforestadas da cuenta de los impactos sobre el bosque y sus especies. Como relatamos, tanto la deforestación y la afectación a los ríos fueron causados por las obras de la minera sin aún contar con los permisos correspondientes por parte de la Autoridad Ambiental y la Autoridad Única del Agua, y que por esta razón se encontraba suspendido. En este caso se recomienda denunciar esta transgresión a la legalidad por parte de ECSA y del incumplimiento con los debidos procesos por las autoridades competentes, así como exigir el monitoreo constante de posibles trabajos de remediación del daño causado a los cuerpos hídricos y el bosque.
Asimismo existen procesos administrativos con una serie de vulneraciones a los derechos y de incumplimientos a la ley como la consulta previa, libre e informada con las comunidades dentro del pueblo Shuar como es el territorio Churuwia que se intersecciona con las concesiones como el área operativa del proyecto. Y algo también muy grave es que las concesiones y el área operativa además no cumple con el artículo 39 de la Ley Minera que dice: “Ningún concesionario minero podrá tener uno o más títulos que en su conjunto sumen un área superior a cinco mil hectáreas mineras a partir de la etapa de explotación.” Ambas áreas superan con más de mil hectarias la cantidad de 5000 hectarias. Por lo tanto recomendamos denunciar esta falta de uso de la ley no solo por parte de la empresa sino por parte del Estado ecuatoriano al afectar con esto los derechos colectivos de los pueblos que habitan el territorio. El hecho de que la minera ya haya superado el número de hectáreas otorgadas implicaría un alto a sus trabajos.
Sobre los impactos sociales entre lo más impactante y que ha quedado en la memoria de sus pobladores y del país es el desplazamiento forzado de familias campesinas en la zona con el uso de las fuerzas armadas por parte del Estado. Hasta ahora se han registrado 10 casos de fuertes conflictos de tierras entre la comunidad y la empresa y 32 familias desplazadas. Muchas de estas familias aún no han podido rehacer sus vidas en un nuevo lugar, lo que pone en duda el cumplimiento de derecho internacional mencionado en este informe. Recomendamos entonces el monitoreo con la situación de las familias desalojadas en el 2015 y 2016 y el cumplimiento con el derecho internacional en relación a los desalojos y reasentamientos por parte de las autoridades competentes.
El proceso de desalojos fue el inicio de la masculinización del territorio, lo cual ha incrementado la violencia entre hombres y el acosos sexual hacia las mujeres especialmente jóvenes y adolescentes. Con la minera ha llegado la prostitución y se ha instalado un prostíbulo. Además se observa la imposición de la actividad minera en el espacio público no solo por la masculinización sino por la presencia de maquinaria pesada lo cual ha transformado la vida de la población local en su territorio. En este caso resulta imprescindible denunciar la implementación de las prácticas violentas para control poblacional y del territorio en donde uno de sus componentes básicos es la violencia machista que atraviesa a los diferentes actores encargados de abrir camino, instalar y sostener el extractivismo minero.