Estuvimos de trabajo de campo en el cantón Durán de Guayas, en la antigua hacienda Las Mercedes. Un caso paradigmático de los procesos de lucha que las organizaciones campesinas llevan librando por muchos años, y que con el gobierno actual, lejos de solucionarse, se agudizan.
La hacienda pertenecía a los Isaías, una familia de banqueros de la costa. Éstos se endeudaron fuertemente con el Estado poniendo como aval la propiedad. El resultado final es de sobra conocido: la crisis bancaria de finales de los noventa, la plata con los dueños de los bancos en Miami y la tierra embargada por el Estado.
Los miembros de las organizaciones con las que estuvimos hablando son descendientes de los antiguos trabajadores. Reclaman su derecho a cultivar y poseer las tierras en las que siempre han trabajado. Son varias organizaciones agrupadas en torno a Tierra y Vida, quien junto a FIAN Ecuador, les acompaña en su proceso y les ofrece asesoramiento.
Cultivan sobre todo arroz y plátano, en durísimas condiciones: la mayor parte de las tierras están sin mecanizar, carecen de riego y sus casas no tienen los servicios básicos. Muchos dependen de los ingresos de fuera del predio que les traen sus hijos o que consiguen en verano, cuando no se puede sembrar nada.
Es una zona largamente olvidada, sobre la que muy pocos saben lo que está ocurriendo. Los campesinos sin embargo tienen muy claros sus objetivos y son conscientes de que se enfrentan a un panorama complicado. El Plan Tierras, el programa con el que el gobierno pretendía distribuir la tierra cumpliendo con los mandatos constitucionales ha resultado un tremendo fracaso, y estos productores son un claro ejemplo de ello.
Este Plan pretendía distribuir dos millones de hectáreas por todo el país, fomentar la asociatividad campesina y la producción colectiva para establecer las bases de una economía social y solidaria. Tenía para ello previsto, además de repartir las tierras, ofrecer toda una serie de servicios destinados a la producción y comercialización de los productos y dotar de infraestructura a las comunidades. Las organizaciones campesinas son la contraparte fundamental, su participación en este proceso permitiría aterrizar las medidas acorde con las necesidades según cada contexto.
Para el caso de las Mercedes, nada de esto ha ocurrido. Únicamente una pequeña parte de la hacienda ha sido ya titularizada. Las organizaciones beneficiadas han pedido varias prórrogas para pagar las primeras letras, y todavía no han visto ningún recurso vinculado a proyectos productivos. Por si fuera poco, el Estado quiere imponerles un modelo de organización rígido en el que éstas no han sido consultadas: nos cuentan cómo les están obligando a agruparse en ciudadelas y a producir mancomunadamente; algo que precisa de recursos y asesoramiento a las organizaciones para que colectivamente puedan construir una institucionalidad en la que todos confíen.
Adicionalmente, los precios que reclama el Estado por la tierra otorgada son muy altos. Los campesinos siguen encadenados a la deuda. Tienen que pagar sus letras a principios de año, justo en período de siembra, cuando disponen de menos liquidez. Al no recibir apoyos para la producción, se ven obligados a seguir vinculados al crédito usurero informal. Su impresión es que “las mismas semillas hacen el recorrido de ida y vuelta”. Quienes se las venden son los mismos que controlan las apiladoras y están conectados con los chulqueros. Los funcionarios del Estado, para más inri, mantienen fuertes intereses locales. El día a día se convierte en una lucha por obtener los sacos de úrea o los créditos a los que tienen derecho. Y es que la manera en que este tipo de planes centrales aterrizan en los territorios tiene mucho que ver con las dinámicas de la política local: no es casualidad que solamente se hayan adjudicado las partes de la hacienda más alejadas de la cabecera cantonal y las vías. Los campesinos nos lo cuentan: hay mucho interés en sacar tajada de la expansión urbanística en ciernes. La tierra sube de valor, la ciudad se expande y son los mismos de siempre los que acaban perdiendo.
Es algo que nos cuesta entender. ¿Cómo es que el Estado no ofrece estas tierras a un precio social? ¿Qué sentido tiene que ahora sean las propias instituciones y no el capital privado- las principales responsables de que estos campesinos sigan subsumidos a un modelo de producción que les extrae el valor que producen? Desde luego los intereses estatales son bien contradictorios en este sentido: promocionar modelos sociales más justos, a través de redes cercanas y estilos de producción más sostenibles al tiempo que anclan el modelo agroindustrial, sobre el que se asienta la matriz productiva. Vaya contradicción. ¿O en realidad no?
Fuente: Más allá de la tierra: El caso de Las Mercedes. FIAN Ecuador