Los símbolos de la resistencia antiextractivista de la Amazonía ecuatoriana están cayendo en cascada. La violencia del Estado ecuatoriano crece a partir del fortalecimiento institucional que se está produciendo en el país. El caso arquetípico es la cancelación de la Iniciativa Yasuní-ITT, hasta hace un año el buque insignia del gobierno del Ecuador, la concreción del sueño ecuatoriano. Sin embargo, los lobbies internacionales y nacionales han conseguido que la frontera petrolera llegue más allá de los territorios de los pueblos indígenas en aislamiento, más allá de los límites del Parque Nacional Yasuní. La XI Ronda Petrolera licita los territorios indígenas al sur del Yasuní a las empresas chinas o españolas, y en el norte de la Amazonía, los campos tradicionales que comenzó a explotar Chevron-Texaco viven un auge de nuevos pozos petroleros protagonizados por la empresa Petroamazonas. Todas las latitudes de la Amazonía ecuatoriana sufre un embate de la explotación petrolera a distintos niveles.
En el caso del pueblo indígena de Cofán-Dureno está viviendo esta arremetida. A las orillas del río Aguarico y a escasa media hora de Lago Agrio, capital de la provincia de Sucumbíos, se trata de uno de los emblemas de la lucha antipetrolera desde que la Texaco operaba en Ecuador. Despojadas sus tierras occidentales por la empresa estadounidense, realizaron una estrategia de ubicación de una nueva comunidad en el área de expansión del campo petrolero Guanta con el fin de que Texaco no continuara ubicando pozos petroleros en su territorio. En los años 90 el proceso de resistencia llevó a cerrar el pozo Dureno 1, ubicado dentro del territorio legalizado de la comunidad, en 1998 tras 20 días de ocupación y acampada del pueblo Cofán.
La reapertura del pozo Dureno 1 en 2014 ilustra la forma general en la que se está profundizando el modelo extractivo en la Amazonía bajo nuevas lógicas. La empresa estatal Petroamazonas encarna una nueva forma de gestión de la explotación petrolera, en la que el relacionamiento comunitario está amparado en las políticas de redistribución del Estado. En el caso Cofán, el pueblo se encuentra dividido entre las posturas favorables a la explotación y las posturas contrarias a la misma, a través de una distribución de las dádivas petroleras únicamente entre las familias favorables a la explotación. Sin embargo, estas dádivas se tratan de derechos humanos básicos que debieran ser asegurados por el Estado a todas las poblaciones ecuatorianas, con independencia de si permiten o no la explotación petrolera de sus territorios. La decisión de reapertura del Pozo Dureno 1 no se tomó a través de los mecanismos tradicionales democráticos del pueblo Cofán, su asamblea. Por otro lado, la empresa petrolera le sirve la aceptación de su presidente, lo que contraviene los principios de consulta previa sobre las actividades extractivas, y refuerza los mecanismos de decisión y poder opacos en la comunidad.
Una visita de campo de Yasunidos, colectivo que aglutinó la demanda de una consulta popular en contra de la explotación del Yasuní-ITT, permitió constatar la ruptura del tejido social de Cofán-Dureno a través de la relación con Petroamazonas a través de un recorrido y entrevistas con los líderes cofanes que dirigían la comunidad cuando se cerró el pozo Dureno 1. La visita también constató la existencia de un derrame petrolero en el campo Guanta colindante al territorio de Cofán-Dureno, que estaba siendo remediado mediante cubetas, tecnología muy alegada de la “tecnología de punta” de la que presume Petroamazonas. Y por último se constató la perforación del pozo Dureno 1.