En la época neoliberal, las políticas del Ecuador se orientaron a dar apertura económica para que las empresas mineras ingresaran e invirtieran en el país. Así el gobierno otorgó numerosas concesiones sin impedimientos ambientales claros y la presencia que empezaron a tener estas empresas en áreas rurales en muchos casos desencadenó en conflictos socio-ambientales, especialmente entre 2004 y 2008. Para ese último año estaba concesionado el 20% del territorio.
En el 2008, frente al nuevo gobierno de Alianza País, con un discurso progresista y respaldado por movimientos sociales, las resistencias anti-mineras del país demandaron un freno a la minería. Así, en este contexto surge la iniciativa de un mandato minero, que decretó causales de extinción sin compensación económica alguna para todas las concesiones que fueran otorgadas a favor de funcionarios y ex funcionarios (art. 5°), que se concentraran en pocas manos (art. 3°) o que quedaran al interior de áreas naturales protegidas, bosques protectores y zonas de amortiguamiento, o que afectaran nacimientos y fuentes de agua (art. 3°).
En este informe, la CEDHU analiza el surgimiento del mandato y su incumplimiento en cinco proyectos estratégicos en el sur del país: Mirador, Fruta del Norte, Río Blanco, Loma Larga y Panantza-San Carlos. El Colectivo de Geografía Crítica aporta en el análisis territorial desde la construcción de mapas que demuestran el incumplimiento del instrumento jurídico.
Esta investigación tiene gran importancia en el contexto actual, frente a los conflictos que han surgido en los territorios raíz del avance que han tenido proyectos cuyas concesiones debían haber sido extinguidas por el mandato. Los desalojos forzosos en Nankintz, Tsuntsuin y Tundayme por la implementación de los proyectos Panantza-San Carlos y Mirador son parte de los conflictos que pudieron haberse evitado con el cumplimiento del Mandato Minero.
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