julio 30, 2018
La larga lucha de Molleturo por el agua, el páramo y la vida campesina
El pasado 23 de julio tuvo lugar en la Corte Provincial de Justicia del Azuay, en Cuenca la audiencia de apelación a la Acción Constitucional de Protección que otorgó el juez Dr. Paúl Serrano Arízaga el 1 de junio pasado a favor de la población afectada por el proyecto minero en Río Blanco. La resolución del juez ordenó que se suspenda la acción de explotación en el sector de Río Blanco, la desmilitarización gradual y paulatina de los sectores en conflicto, precautelando la integridad de los miembros de la comunidad y evitando sobre todo conflictos y que se realice el debido proceso de la consulta previa.
El proyecto minero Río Blanco está ubicado en el macizo del Cajas, un complejo montañoso asediado por los intereses extractivos. En 2004 las concesiones mineras cubrían 6.000 hectáreas, cantidad que en los años posteriores solo seguiría aumentando.
En enero de 2018 las concesiones mineras alcanzaban las 106.046,26 hectáreas. De estas, 15.899,73 hectáreas corresponden a los proyectos Rio Blanco y Loma Larga (anteriormente Quimsacocha) y 90.146,53 hectáreas adicionales se han inscrito o están en trámite para actividades de exploración.
Las concesiones mineras cercan al Parque Nacional Cajas y al área Nacional de Recreación Quimsacocha y afectan directamente al Área de Bosque y Vegetación Protectora Yanuncay-Irquis, Sunsun-Yanasacha, El Chorro y Jeco y el Bosque Protector Molleturo-Mollepungo. Además, ponen en peligro el agua que utilizan miles de personas y han generado una serie de conflictos sociales.
En ese contexto, a inicios de julio realizamos ejercicios de contra-mapeo y cartografía social con enfoque de geografía feminista con habitantes de Molleturo, Yumate y Río Blanco, con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung Ecuador FES-ILDIS.
Durante el taller recogimos varios testimonios sobre las afectaciones ambientales y sociales y de género que ya se están sintiendo en la zona. Esta información sirvió para preparar un Amicus curiae en apoyo a la población local, para que se ratifique la Acción de protección durante la audiencia de apelación del 23 de julio pasado. El nuestro fue uno de los 17 Amicus Curiae presentados por diversas organizaciones, lo que evidencia el interés de la sociedad organizada en este conflicto. Ese día, un fuerte contingente policial rodeó la Corte provincial para protegerla de los pobladores locales que llegaron con plantas de caña, panela, ovejas, caballos y mulas que representan la vida campesina que está en peligro.
