El pasado 23 de julio tuvo lugar en la Corte Provincial de Justicia del Azuay, en Cuenca la audiencia de apelación a la Acción Constitucional de Protección que otorgó el juez Dr. Paúl Serrano Arízaga el 1 de junio pasado a favor de la población afectada por el proyecto minero en Río Blanco. La resolución del juez ordenó que se suspenda la acción de explotación en el sector de Río Blanco, la desmilitarización gradual y paulatina de los sectores en conflicto, precautelando la integridad de los miembros de la comunidad y evitando sobre todo conflictos y que se realice el debido proceso de la consulta previa.
El proyecto minero Río Blanco está ubicado en el macizo del Cajas, un complejo montañoso asediado por los intereses extractivos. En 2004 las concesiones mineras cubrían 6.000 hectáreas, cantidad que en los años posteriores solo seguiría aumentando.
En enero de 2018 las concesiones mineras alcanzaban las 106.046,26 hectáreas. De estas, 15.899,73 hectáreas corresponden a los proyectos Rio Blanco y Loma Larga (anteriormente Quimsacocha) y 90.146,53 hectáreas adicionales se han inscrito o están en trámite para actividades de exploración.
Las concesiones mineras cercan al Parque Nacional Cajas y al área Nacional de Recreación Quimsacocha y afectan directamente al Área de Bosque y Vegetación Protectora Yanuncay-Irquis, Sunsun-Yanasacha, El Chorro y Jeco y el Bosque Protector Molleturo-Mollepungo. Además, ponen en peligro el agua que utilizan miles de personas y han generado una serie de conflictos sociales.
En ese contexto, a inicios de julio realizamos ejercicios de contra-mapeo y cartografía social con enfoque de geografía feminista con habitantes de Molleturo, Yumate y Río Blanco, con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung Ecuador FES-ILDIS.
Durante el taller recogimos varios testimonios sobre las afectaciones ambientales y sociales y de género que ya se están sintiendo en la zona. Esta información sirvió para preparar un Amicus curiae en apoyo a la población local, para que se ratifique la Acción de protección durante la audiencia de apelación del 23 de julio pasado. El nuestro fue uno de los 17 Amicus Curiae presentados por diversas organizaciones, lo que evidencia el interés de la sociedad organizada en este conflicto. Ese día, un fuerte contingente policial rodeó la Corte provincial para protegerla de los pobladores locales que llegaron con plantas de caña, panela, ovejas, caballos y mulas que representan la vida campesina que está en peligro.
Durante 4 horas, el juez escuchó los argumentos en defensa de la Acción de protección y los argumentos del estado que desconocen la Acción de protección, es decir, que rechazan la necesidad de realizar una consulta previa, libre e informada a la población.
A las 13h00 el juez anunció que se tomará hasta ocho días para pronunciarse sobre la apelación presentada por el Estado para reactivar las actividades en el proyecto minero. Desde el viernes 27 de julio, diversas organizaciones sociales están en vigilia en el Parque Calderón, a espera del pronunciamiento del Juez por #RioBlancoLibreDeMineria y #CajasLibreDeMineria, por el respeto al Mandato Minero de 2008 que ordenó anular las concesiones mineras que afecten fuentes de agua, áreas protegidas o aquellas otorgadas sin consulta previa a las comunidades.
Desde acá estamos también atentos, vigilantes.
Mira los tweets generados durante la audiencia del 23 de julio aquí.
Pueden seguir lo que sucede con la Acción de protección en las siguientes cuentas de twitter:
O buscando los hashtag: #CajasLibreDeMinería y #RíoBlanco