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Resumen general
En el marco del Paro Nacional elaboramos un informe cuyo objetivo fue hacer un análisis espacial a escala nacional y local en la capital, Quito, en torno a 1) la resistencia y protesta social y 2) la represión estatal.
El informe fue elaborado en base a una serie de mapas alimentados desde varias fuentes: 1) reportes en campo de voluntarios y voluntarias, 2) revisión de medios masivos y comunitarios, 3) redes sociales (Twitter, Facebook, WhatsApp), 4) información oficial del ECU911 y Municipio de Quito, 5) Informes de la Alianza de organizaciones de Derechos humanos 6) Informes de la Defensoría del Pueblo.
Registramos la información con la aplicación en línea kobotoolbox (https://www.kobotoolbox.org) y en una base de datos en EXCEL. Realizamos 13 mapas en ArcGIS.
De la información obtenida resaltamos y llamamos a verificar los siguientes aspectos:
- La amplitud de la protesta, que es incongruente con el discurso de criminalización del estado ecuatoriano: luego del análisis espacial de los eventos de protesta en todo el país, constatamos que las manifestaciones fueron protagonizadas por amplios sectores populares y diversos actores sociales, incluyendo indígenas, estudiantes, trabajadores plenos, trabajadores precarizados, campesinos, ecologistas, mujeres, entre otros, que recibieron un importante apoyo de diversos sectores de clase media y extractos socio-económicos populares sobre todo en Quito pero también en varias provincias de todo el país. Lo cual confirma el generalizado descontento social por el paquete de medidas económicas que intentó imponer el gobierno nacional a través de una brutal represión, y es la expresión de un movimiento indígena y popular legítimo en el Ecuador.
- El carácter racializado, clasista y xenófobo de la represión estatal, que se constata por:
- El uso excesivo de la fuerza del Estado utilizado en particular contra los y las manifestantes indígenas de las 14 nacionalidades del Ecuador y la posterior criminalización de la dirigencia indígena.
- Las declaraciones públicas del 6 de octubre del Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, desconociendo la existencia de territorios indígenas, los cuales son reconocidos por la Constitución ecuatoriana y protegidos por el Artículo 57, y son la esencia del estado plurinacional.
- El hecho de que al menos 5 de las personas fallecidas eran indígenas o personas de sectores populares de Quito, que fallecieron como consecuencia de la desmedida represión de la fuerza pública y el abuso del estado de excepción. Muertes por las cuales el Estado, a través de su ministra de Gobierno María Paula Romo, no se ha responsabilizado.
- El discurso del gobierno, que fue reproducido por los medios de comunicación masiva del país, en el cual culpaba del paro a agentes externos bajo la estrategia de construir un enemigo interno. Gracias a ello se justificó la detención arbitraria de ciudadanos extranjeros, en su mayoría venezolanos, que luego habrían sido puestos en libertad, con excepción de 3 personas.
Afirmamos que reprimir violentamente la protesta social, o intentar acallar las demandas sociales vía procesos judiciales y criminalización a las dirigencias, implica desconocer al movimiento indígena y popular como actor político, y reforzar la matriz racista colonial del Estado y revela el carácter racializado de la represión.
También afirmamos que las irregularidades de las detenciones a extranjeros y el discurso del enemigo interno del gobierno tienen como consecuencia una exacerbación de la xenofobia en Ecuador, especialmente contra ciudadanxs venezolanxs.
- El asedio permanente al espacio que había sido declarado “Zona Humanitaria de Paz” en el marco del Paro Nacional. La “Zona Humanitaria de Paz” fue lugar de acogida, alimentación, descanso y reunión de los y las manifestantes, por lo que su resguardo era vital para el ejercicio del legítimo derecho a la resistencia (Artículo 98 de la Constitución ecuatoriana) y por lo tanto debía ser protegido. Al contrario, la policía mantuvo un asedio permanente sobre esta zona desde el 8 hasta el 13 de octubre. Afirmamos que el estado no respetó el derecho a la resistencia del movimiento indígena y popular y que utilizó una estrategia de amedrentamiento y de llevar a límites inconcebibles de cansancio a los y las manifestantes.
Frente a este preocupante contexto de violencia, el Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador presenta este informe que abarca los hechos de resistencia y represión vividos entre el 7 y 13 de octubre de 2019 por parte del movimiento indígena y popular que se tomó el espacio público: parques, calles y carreteras; y el espacio de poder: edificios gubernamentales, para protestar contra las medidas económicas, ejerciendo su derecho a la protesta y oposición (Artículo 98 de la Constitución ecuatoriana)[2].
El informe está dividido en cuatro secciones. En la primera sección se presenta un resumen de
los principales hechos sucedidos, el contexto social y político en el que
ocurre el Paro Nacional y la metodología adoptada para el levantamiento de
datos que alimentan este informe. La segunda sección presenta los datos
recopilados en torno a la ubicación geográfica y las características de la
resistencia y represión a nivel nacional entre el 7 y 10 de octubre,
enfatizando, en la medida de lo posible, las afectaciones que pueblos y
nacionalidades indígenas han resentido durante estos días. Dado que Quito ha
sido uno de los principales focos de la movilización y resistencia, en la tercera
sección presentamos las circunstancias y tipo de represión que se ha vivido en
la capital de Ecuador entre el 7 y el 13 de octubre. El análisis de lo sucedido
en Quito enfatiza dos tópicos: por un lado, los conflictos suscitados en las
zonas humanitarias de paz y en las rutas de las marchas. Y, por otro, en la
ocupación espacial que la sociedad civil organizada ha tenido durante los
cuatro días de Paro Nacional que analiza este informe para generar un tejido de
solidaridad a favor de los protestantes, en particular de los pueblos y
nacionalidades indígenas movilizadas. El informe concluye con una serie de
consideraciones finales y recomendaciones que, desde el Colectivo de Geografía
Crítica y recogiendo las demandas políticas del movimiento indígena y popular
ecuatoriano, se plantean en torno a la conflictividad que se vivió en Ecuador y
de las medidas que se podrían tomar para continuar con la construcción de
justicia social.
[1] Ver el trabajo del Colectivo aquí: https://geografiacriticaecuador.org/
[2] Art. 98.- Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos. (República del Ecuador, 2008)