Participamos en un encuentro con la CONAIE para analizar conjuntamente los impactos de la aprobación de los decretos 95 y 151 por parte del gobierno Lasso, que supondrán el fortalecimiento y expansión de las actividades petroleras y mineras en la Amazonía ecuatoriana. El 7 de julio de 2021 el presidente Lasso emitió el decreto ejecutivo 95 para el desarrollo del sector hidrocarburífero. El decreto 151 fue expedido el 5 de agosto con el plan de acción para el sector minero del Ecuador.
Este encuentro viene motivado por la marcha desde la amazonía de cientos de ancianos, jóvenes y líderes indígenas que llegaron a la capital para presentar la primera de una serie de demandas contra el presidente (ex)banquero de la derecha, tal y como recoge el propio boletín de prensa publicado por la CONAIE el 18 de Octubre de 2021, disponible aquí. Nos sumamos a los esfuerzos de la CONAIE para tratar de que prevalezca y se respete el derecho de los pueblos indígenas a la consulta y el consentimiento prelegislativo, tal y como ya fue reconocido por la corte en julio de 2020.
Como colectivo venimos realizando desde 2012 análisis geográficos de proyectos petroleros y mineros. Estos se basan en visitas de campo, georeferenciación de impactos, análisis espaciales y de documentación. Tenemos en la web dos páginas dedicas a mostar la cartografía sobre estas temáticas:
- http://geografiacriticaecuador.org/pukallpa/ para los impactos de la minería.
- https://geografiacriticaecuador.org/minkayasuni/ para los impactos de la actividad petrolera en el Yasuní.
En nuestro manifiesto por un ecologismo de izquierda, feminista, popular y anti-capitalista explicitamos la postura que asumimos en el acompañamiento a los conflictos socioambientales provocados por el avance de este tipo de proyectos. Esta gira en torno a:
- El rechazo de identidades esencializadas y de una concepción de la naturaleza idílica separada dicotómicamente de lo humano.
- La confrontación al ecologismo burgués y despolitizado, funcional al proyecto neoliberal de las élites.
- La propuesta de trascender el post-extractivismo como único horizonte de lucha.
Respecto a los decretos 95 y 151, objeto del evento con la CONAIE, puntuamos que:
- La entrega de los campos y bloques petroleros a la empresa privada deja sentada la posibilidad de privatizar la estatal petrolera a través del eufemismo de crear un mecanismo para que esta “pueda captar recursos del sector privado” con la justificación de la eficiencia.
- La legitimación de los mecanismos internacionales de arbitraje para resolver controversias y proteger las inversiones privadas y transnacionales. En particular, el decreto 95, petrolero, criminaliza a funcionarios que pudieran tener responsabilidad por la terminación de contratos petroleros que puedan llevar al estado a un arbitraje internacional. Los dos decretos sugieren que hay abuso de poder por parte de funcionarios del estado en la administración de contrato (literal p del Artículo 4 del decreto 95; literal i del Artículo 4 del decreto 151) y que debido a eso hay que proteger a los inversionistas.
- El decreto minero estaría legitimando la criminalización de la minería artesanal y de subsistencia al reiterar que se erradicará la “minería ilícita”, en favor de una supuesta minería legal y responsable, pero sin definir “ilícita”. Señalan además que su erradicación se hará en coordinación con la seguridad pública del estado. La Ley minera señala que la minería artesanal (Art. 134) no podrá realizarse en concesiones ya otorgadas, lo que puede generar la ilegalización de mineros artesanales que desconocen que debían pedir concesión. Cabe mencionar que la no distinción de los impactos sociales y ambientales de las diferentes escalas, ha constituido un soporte para discursos que legitiman a la minería a gran escala. La Ley Orgánica actual no contiene de forma clara y precisa la distinción de minería a gran escala. Aparte de eso, la distinción entre tipos/escalas de minería merece una discusión amplia dentro de las organizaciones sociales sobre la legitimidad de la extracción minera en pequeña escala, con control comunitario y repartición local de la riqueza; que problematice la presencia de economías ilícitas en entornos de extracción minera, pero que no criminalice la minería pequeña; que reconozca esta práctica productiva como reconoce las formas locales de producción agrícola o de uso y gestión del agua, y que considere activar los mismos mecanismos comunitarios para su realización.
- La entrega de concesiones mineras y campos petroleros a empresas “de reconocido prestigio internacional”. Mandan actualizar la información sobre concesiones mineras y petroleras y sobre regalías y a evaluar la eficiencia del sector para activar nuevas licitaciones. Aunque los decretos aluden a la protección ambiental, al respeto a la consulta a comunidades potencialmente afectadas, y el respeto a la ley, no hacen ninguna mención a la evaluación socioecológica de los impactos de proyectos ya existentes o de las mismas concesiones que pretende volver a ofertar (ver nuestro Informe Extractivismo minero y petrolero en Ecuador a Septiembre de 2021). Esta evaluación, que trasciende lo económico, debería ser un requisito indispensable para entregar nuevas concesiones y campos.
- La entrega de permisos ambientales y de agua de manera acelerada, simplificando. Establece que el MAATE y MRNNR elaboren acuerdos ministeriales para entregar las autorizaciones rápido, priorizando el monitoreo luego de iniciada la actividad (ex post). De este modo se profundiza el proceso de transformación del MAATE en una certificadora de actividades industriales, lejos de su vocación de protección del ambiente y el agua. La entrega de permisos de ese modo impide que el MAATE realice inspecciones y evaluaciones socioambientales serias y profundas.
Puede leer las apreciaciones más detalladas realizadas por el Colectivo a los artículos de ambos decretos en el siguiente archivo.