Frente a la decisión del gobierno de cancelar la Iniciativa Yasuní-ITT y dar inicio a la explotación de petróleo en el bloque 43 (ITT), y tras el exitoso avance de la iniciativa social que plantea la consulta al pueblo ecuatoriano sobre tal decisión, el Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador se propone aportar elementos para la reflexión. Con base en las discusiones teóricas de nuestra disciplina, pretendemos explicitar las innúmeras aristas que parecen olvidadas por el discurso oficial y contribuir a impulsar un debate verdaderamente público y democrático sobre un tema tan fundamental para la sociedad ecuatoriana.
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MANIFIESTO EN DEFENSA DEL YASUNÍ
Por: Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador
El hambre y la escasez moderna tienen origen reciente. Son el fruto del desarrollo cuya promoción se propone, hasta ahora, como fórmula para combatirlas. O sea, se sigue aplicando como remedio lo que causa el problema y así se le agudiza, en vez de dejarlo atrás. Para desgarrar el círculo vicioso ideológico en que se mueven, al son que toca el mito del desarrollo, las ideas y las acciones relacionadas con el hambre y la escasez, debemos remontarnos al plano del mito. De regreso de esa excursión, quizá pueda verse con claridad que sólo si detenemos radicalmente ayuda y desarrollo estaremos en condiciones de enfrentar seriamente los desafíos actuales (ESTEVA, 1988: 109).
Frente a la decisión del gobierno de cancelar la Iniciativa Yasuní-ITT y dar inicio a la explotación de petróleo en el bloque 43 (ITT), y tras el exitoso avance de la iniciativa social que plantea la consulta al pueblo ecuatoriano sobre tal decisión, el Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador se propone aportar elementos para la reflexión. Con base en las discusiones teóricas de nuestra disciplina, pretendemos explicitar las innúmeras aristas que parecen olvidadas por el discurso oficial y contribuir a impulsar un debate verdaderamente público y democrático sobre un tema tan fundamental para la sociedad ecuatoriana.
Las tensiones territoriales generadas por tal decisión son claras: la actividad petrolera dentro del Parque Nacional Yasuní (PNY) viola explícitamente los derechos de la naturaleza[1] y de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario[2] reconocidos constitucionalmente. El gobierno, sin embargo, se apoya en dos elementos claves para legitimar tal explotación: el interés nacional y la fiabilidad de la técnica. La argumentación oficial se basa en la necesidad imperiosa de generar recursos para el combate a la pobreza y en la garantía de que la tecnología de punta aseguraría un impacto mínimo al ambiente, afectando sólo el 1×1000 del territorio del Parque.
Desde una mirada geográfica, entre tanto, entendemos que tales argumentos – presentados por el discurso oficial como verdades irrefutables – están basados en mitos que no permiten que se visualice la complejidad del asunto. En un contexto de tensiones territoriales explícitas, en que se entrecruzan cuestiones (e intereses) políticos, económicos, ecológicos y éticos, los aportes de la Geografía – con su mirada multiescalar y multifactorial sobre la relación territorio-naturaleza-sujetos instituyentes – son esenciales para generar una reflexión más profunda sobre el tema.
Nuestro análisis tiene como punto de partida una Geografía que ha superado la perspectiva del Estado como único agente legítimo de ordenamiento territorial, reconociendo a otros actores sociales como agentes legítimos de ordenamiento de sus propios espacios de vida y reproducción. Asimismo, partimos de una comprensión amplia y politizada del concepto de territorio, que le da un sentido multidimensional y multiescalar, jamás restricto al espacio y al poder exclusivos del Estado; tal perspectiva vincula necesariamente la apropiación simbólica y material del espacio a las (desiguales) relaciones de poder, cuestionando por lo tanto la imposición de la malla territorial estatal sobre las demás territorialidades existentes en el país.
Así, a la mirada simplista sobre los procesos territoriales difundida por el discurso oficialista – que toma como base para medir la afectación a un lugar tan complejo como el Yasuní las hectáreas deforestadas – se pretende contraponer una mirada territorial amplia, que considere de manera asociada los factores políticos, económicos, históricos y ecológicos relacionados a esta empresa. Asimismo, desde el colectivo nos oponemos a la mirada tecnocrática sobre el conflicto territorial, dejando de manifiesto que ésta no es la única manera (y mucho menos la más correcta) de entender los procesos sociales.
De hecho, denunciamos los vínculos históricos existentes entre la Geografía, los Estados y los grandes aparatos capitalistas (Lacoste, 1976), y cuestionamos la veracidad de los mapas[3] y datos[4] difundidos por el gobierno en lo que se refiere a los impactos y afectaciones de la explotación del petróleo en el PNY. La Geografía estuvo históricamente vinculada al proceso de legitimación del Estado como forma superior de organización política de la sociedad y del capitalismo como su correspondiente en términos económicos; estos vínculos, sin embargo, empezaron a ser explicitados y cuestionados con el surgimiento de la Geografía Crítica. Los imaginarios colectivos que entendían a los mapas y las estadísticas como retratos fieles de la realidad ya han sido, por lo tanto, desconstruidos desde la teoría: los mapas y datos estadísticos son siempre una representación del mundo real, y por lo tanto, están estrechamente asociados a la mirada e intereses de quien los crea y difunde.
Además de refutar la supuesta veracidad de los datos oficiales, nos interesa sobre todo estimular una reflexión crítica sobre el mito de la técnica como dato objetivo, que termina por legitimar las políticas públicas y omitir los intereses privados que las atraviesan. La utilización de la técnica como una ideología (Habermas, 1994) convierte a los procesos de toma de decisión en un análisis de expertos que dictaminan a través de datos muy discutibles cuál es la verdad absoluta de la que emanan las políticas públicas. El caso del bloque 43 (ITT) es paradigmático respecto a cómo la legitimación del ejercicio del poder del Estado se ancla en mitos construidos científicamente, como la “tecnología de punta” o el impacto circunscrito al “uno por mil”, enmascarando las relaciones de producción y despojo subyacentes al proceso de explotación petrolera. Frente a eso, es importante afirmar que la técnica, como cualquier conocimiento, es producido desde una perspectiva específica, no siendo por lo tanto la única manera de entender una realidad ni mucho menos una verdad absoluta; el debate técnico, por lo tanto, no debe de ninguna manera solapar el debate democráticoque necesita ser estimulado en momento tan decisivo.
Nos proponemos, por lo tanto, a usar la ciencia de forma opuesta, ofreciendo elementos de análisis sobre el territorio amazónico, sus pueblos y su ecosistema con el intuito de estimular la reflexión crítica e informada sobre el tema, explicitando además los límites teóricos y técnicos de cualquier análisis sobre el asunto. La propuesta desde el Colectivo es justamente reflexionar de manera más detenida sobre los argumentos presentados por el gobierno respecto a la posible “extracción responsable” en el bloque ITT del Yasuní, explicitando los mitos, ideologías e intereses políticos y económicos que los atraviesan.
De hecho, entendemos que la polémica sobre la explotación del Yasuní representa una oportunidad histórica de repensar colectivamente el modelo de sociedad que se quiere construir. ¿Será la explotación petrolera la única solución posible a las demandas de los sectores empobrecidos por acceso a salud, vivienda y alimentación? ¿Será justo financiar los derechos sociales de los sectores marginados de la población a través del atropello a los derechos colectivos de los pueblos indígenas (también sectores históricamente marginados)? ¿Será que el crecimiento económico realmente garantiza el cumplimiento de los derechos sociales? ¿Valdrá la pena contaminar un ecosistema único como el Yasuní en nombre de recursos que podrían ser generados de otra forma? Muchas son las cuestiones involucradas sobre las cuales vale la pena detenerse con mirada crítica e histórica, aprendiendo siempre de las experiencias anteriores y desmitificando las supuestas verdades irrefutables.
El mito de la afectación de solamente el 1×1000 del territorio del PNY
El 1×1000 no existe en la actualidad. Por un lado, la afectación que se provoque con la explotación del bloque ITT será un porcentaje de Parque Nacional Yasuní, al cual habría que sumarse la cantidad de territorio ya explotado por empresas petroleras – bloques 12, 14, 15, 16 y 31, operados por empresas chinas, españolas y ecuatorianas, con documentados impactos a los pueblos indígenas y al ambiente. De hecho, en los últimos años han sido prorrogados los contratos de empresas petroleras que ya actuaban dentro del PNY, se han aumentado las extensiones de los bloques que afectan al Parque y se ha empezado a explotar nuevas áreas y nuevos bloques dentro del Parque mientras se promovía internacionalmente la Iniciativa Yasuní-ITT.
A ello hay que sumar la XI Ronda Petrolera que pretende explotar todo el sur del PNY, en un territorio perteneciente a siete nacionalidades amazónicas (kichwa, shuar, achuar, waorani, zápara, andoas y shiwiar). Asimismo, en un proceso nacional históricamente incomparable de ampliación de la frontera petrolera, la Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT) ha sido recortada en 2,719 hectáreas (De Marchi et al, 2013). Por ello, el argumento de que se pretende dejar la naturaleza y los pueblos en aislamiento voluntario sin afectación ya sería muy cuestionable, independiente de la decisión sobre el bloque ITT.
Específicamente sobre la explotación del bloque ITT, la afectación de entre 200 y 500 hectáreas que compone el mito del “1×1000” vehiculado por el discurso oficialista toma en cuenta una única variable: las hectáreas deforestadas para ubicación de infraestructura. Tal perspectiva, defendida por técnicos del gobierno, parte de una mirada absolutamente simplista del ecosistema amazónico y de los impactos reales de la explotación petrolera. Por ello, queremos sumar otra serie de variables que permitan mirar el impacto de la explotación petrolera en términos de efectos directos e indirectos sobre el ecosistema amazónico y sus pueblos.
En primer lugar, cabe resaltar las especificidades y vulnerabilidad del ecosistema del PNY. El bosque húmedo tropical amazónico, que cubre al Yasuní, es uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta. Ello quiere decir que tiene una inmensa variedad de especies de flora, fauna, hongos, bacterias y viruses pero también diversidad de ambientes dentro de los cuales las especies interactúan de forma única. Los bosques de tierra firme tienen especies distintas a las de los bosques inundados donde las plantas viven en contacto permanente con el agua. Infinidad de microhábitats se forman en los troncos y las ramas de los árboles, en los agujeros en el suelo, en las orilla de los ríos, donde se refugia un sinnúmero de anfibios, insectos, musgos, líquenes. Cada uno de estos espacios se conecta con los otros por cadenas tróficas y de flujos de nutrientes, que son profundamente afectados con la instalación de facilidades industriales del tipo requerido por la industria petrolera. La compleja interacción que se da entre los distintos elementos del ecosistema amazónico supone que los efectos negativos se multipliquen en el tiempo y en el espacio, esparciéndose más allá del espacio inmediato de la intervención.
A nivel local, es decir, donde se emplaza la infraestructura petrolera, el impacto es inminente. La deforestación no solo afecta a las plantas y la estructura y dinámicas entre especies de flora, sino los microhábitats que las plantas, especialmente los árboles, generan. Hay especies asociadas a un solo árbol como algunas ranas arborícolas, miles de insectos y musgos e incluso animales más grandes como el mono pigmeo: si el árbol que es su hogar desaparece, ellas desaparecen con él. Lo mismo pasa con aves grandes como el águila harpía, que hace sus nidos en los árboles de más de 30 metros de altura, llamados emergentes. Algo similar pasa con otros espacios que dan las condiciones adecuadas, como charcos y paredes de barro donde las especies van a reproducirse o a comer. Si esos espacios desaparecen, se alteran los ciclos reproductivos de cientos de otras especies.
Como dijimos, el impacto no se da solo en el espacio mismo de emplazamiento de la infraestructura petrolera, sino que se esparce más allá. Por ejemplo, el ruido y pérdida de hábitats ahuyentan a las especies que se desplazan a otros sitios generando competencia con otras especies o con individuos de su misma especie, alterando los ciclos y dinámicas naturales de reproducción, descanso y búsqueda de alimento también en espacios alejados del sitio de impacto directo. También la conectividad es alterada por los caminos y las plataformas de extracción petrolera, provocando el fraccionamiento del hábitat. Ello afecta a los animales más grandes como el jaguar, la danta o los grandes monos, que necesitan moverse a lo largo de extensas porciones de bosque para encontrar su alimento y sitios de descanso. Cuando un animal de esas dimensiones es afectado es como si cortáramos uno de los grandes árboles, todos los seres vivos asociados son afectados a su vez; en este caso, los animales y plantas que constituyen su dieta.
Luego, durante la fase de explotación de petróleo, existe el riesgo permanente de que ocurra un derrame de petróleo o de aguas de formación. Los técnicos aseguran siempre se puede reducir el riesgo al mínimo aplicando la tecnología adecuada pero nunca se atreverían a asegurar que no existe riesgo en absoluto, y es que la incertidumbre de que ocurra un accidente es inherente a este tipo de actividades. El problema aquí es que el riesgo es demasiado alto por la complejidad del ecosistema en el que se está operando y la presencia constante de agua.
El bosque húmedo tropical amazónico recibe ese nombre por su abundante lluvia y humedad ambiental. En Yasuní puede llegar a llover 3.000 milímetros cúbicos de agua al año (para referencia, en Quito llueve menos de 1.000). El agua puede acarrear, en cuestión de minutos y por grandes distancias, los contaminantes derramados, magnificando el impacto. Por eso es tan difícil establecer un área real de afectación: por la incertidumbre, es decir, la imposibilidad de cuantificar las afectaciones a los acuíferos subterráneos en área (recordemos el derrame de mayo del 2013, donde más de 11.000 barriles de petróleo se vertieron en el río Quijos y que en menos de 5 días llegaron a la Amazonía peruana por el río Napo).
La contaminación en el agua trae varias consecuencias: la muerte inmediata de muchas especies pero también la bioacumulación, cuando los contaminantes entran en el cuerpo de animales y plantas y no los matan, pero se integran a su organismo. Luego, cuando estas especies son comidas por otras, los consumidores absorben los contaminantes que pasarán a otros animales cuando éstos sean a su vez comidos. La cadena trófica va esparciendo y acumulando los contaminantes en varios animales y a varios niveles.
Pensando en términos de impactos específicos de cada etapa de la explotación petrolera, se puede afirmar que en la primera fase – que consiste en la sísmica 3D[5] – el principal impacto es el ruido generado por las detonaciones. El ruido afecta no sólo a los pueblos indígenas Tagaeri-Taromenane, sino también a la fauna, especialmente la fauna acuática que muere por las ondas de las explosiones. En esta fase también son necesarios helipuertos que implican deforestación y un enorme ruido provocado por el paso de los helicópteros.
Posteriormente, en la fase de exploración se deforesta para la construcción de las plataformas y vías por las que circulará la maquinaria, realizándose pozos de varios miles de metros de profundidad, con lo que se produce un gran riesgo de contaminación de los acuíferos subterráneos por la ruptura de los estratos impermeables. En el área del ITT se encuentra el acuífero de Tiyuyacu, uno de los más importantes del país tanto en extensión como en el agua que contiene. La construcción de vías en esta fase se consolida, y lleva aparejada el aumento de la caza y tala furtiva, así como posibilita la futura colonización del área contigua, proceso espontáneo cuyas consecuencias en términos de deforestación e impactos al ambiente no pueden ser previstas con precisión.
En la etapa de explotación, el petróleo es succionado a través de pozos, que en el caso del ITT serán pozos en racimo. La gran proporción de aguas de formación exigirá un gran oleoducto hasta la estación de Tiputini y pozos de reinyección. En esta fase se producen los derrames propios de la explotación petrolera, que dadas las características específicas del ITT – ecosistema extremadamente sensible, inundable la mitad del año, con crecidas y bajadas de las áreas pantanosas – haría muy complicada la restauración ambiental. Por otro lado, el gas que acompaña al crudo y a las aguas de formación en el subsuelo deberá ser tratado en estaciones que queman este gas, provocando también una fuerte contaminación del aire por las cenizas y los gases expulsados en la combustión, que llegan a varios kilómetros de distancia. El ruido de las plataformas y sus motores en la extracción así como de las estaciones de tratamiento es muy acusado, llegando hasta varios kilómetros de distancia.
Mapa elaborado por el Colectivo realizando una simulación moderada, 2014.
Por todos estos impactos, considerar únicamente la afectación generada por la superficie construida – como considera el discurso del 1×1000 – supone solamente ver una dimensión de un medio extremadamente complejo e interdependiente en términos ambientales y sociales. Estamos sumando como variables el agua en superficie y en subsuelo, el aire, las ondas sonoras, el aumento de la accesibilidad hacia la caza y la tala ilegal y los efectos de la colonización. Se tratan solo de otras variables para mirar el territorio, pero habría muchas otras provocadas o acentuadas por la explotación petrolera, interrelacionadas entre sí. Asimismo, la experiencia acumulada tras 40 años de actividad petrolera en el país dispensa simulaciones: los “accidentes” y consecuentes contaminaciones del ambiente – con sus impactos perversos en la salud y calidad de vida de los pueblos amazónicos – demuestran con ejemplos bastante actuales que no existe una tecnología de punta para extraer petróleo que garantice la afectación mínima al ambiente.
Frente a tales incertidumbres, conviene acordarnos del artículo 73 de la Constitución del Ecuador que establece el principio de precaución, definido de forma específica para “la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales”. Es decir, ante la falta de certeza absoluta sobre los posibles impactos ambientales de cualquier acción antrópica prevista, ésta no deberá llevarse a cabo[6]. La explotación petrolera del Yasuní recoge a la perfección esta duda: en un ecosistema tan sensible y biodiverso, no es previsible qué pudiera ocurrir ante posibles accidentes y esta falta de certeza debiera ser suficiente para no llevar a cabo esta actividad.
El mito de la Amazonía como vacío demográfico
Los impactos de la explotación petrolera en el Parque Yasuní, sin embargo, no deben ser considerados solamente en lo que se refiere a la afectación al ambiente. Parte del Parque se sobrepone a la Zona Intangible Tagaeri Taromenani, territorio de los llamados pueblos indígenas en aislamiento voluntario, los cuales vendrían a sufrir graves consecuencias tanto en función de la contaminación/alteración del ecosistema como de la colonización.
Al incidir sobre la fauna y flora locales y sobre la calidad de las fuentes de agua, del aire y de los suelos para cultivo, la actividad extractiva petrolera altera la capacidad de reproducción y producción de los pueblos Tagaeri-Taromenani, cuya sobrevivencia material y simbólica está fuertemente vinculada a la naturaleza. Según la literatura antropológica, tales culturas amazónicas son de una enorme complejidad y, en función de sus dinámicas territoriales cíclicas asociadas a cuestiones simbólico-espirituales y de acceso a recursos a través de la recolección, necesitan de un territorio amplio para garantizar su sobrevivencia.
En este sentido, la colonización agraria – intensificada con la apertura de vías – sería otro factor de fuerte impacto territorial a esos pueblos, ya que significa la invasión descontrolada de sus territorios por colonos y empresas ilegales de madera y biopiratería. Los impactos sociales y culturales asociados al cambio territorial que se produce son incuantificables en hectáreas pero son claves a la hora de entender los males de la explotación petrolera. Vale resaltar que estos impactos recaen de una forma especialmente fuerte sobre las mujeres, responsables en su mayoría por las actividades reproductivas de la vida, que llegan a ser las más vulneradas en caso de contaminación. Asimismo, con la entrada de las petroleras, hay un comprobado aumento de la violencia hacia las mujeres, por razones de alcoholismo, trata y violaciones, sea por parte de la propia pareja o de los colonos y empleados del enclave petrolero.
Por todo ello, nos parece fundamental detenernos en uno de los mitos que atraviesa la historia de ocupación de la región amazónica – el mito del vacío demográfico –, que muchas veces ha impedido que se analice la región con mayor profundidad y respeto hacia sus habitantes. Para eso utilizamos el análisis realizado por Porto Gonçalves (2001) sobre las imágenes difundidas respecto a la Amazonía brasileña para justificar los emprendimientos estatales y transnacionales realizados a partir de la década de 1960. En Ecuador, las inversiones en la Amazonía también han sido (y lo siguen siendo) justificadas a través de la difusión de mitos sobre la región, construidos por la mirada de sus colonizadores y nunca desde sus propios habitantes, a los cuales las transformaciones del espacio han sido siempre brutalmente impuestas. Según el autor, la Amazonía es siempre:
vista desde afuera, desde el centro, como el futuro, nunca el presente. La región es así un vacío. Al interior de este magma de significaciones, no hay lugar para los amazónicos, que, por no ser parte de este imaginario, no tienen presente, y el futuro se construye sin ellos. (PORTO GONÇALVES, 2003: 43; traducción libre).
El mito de la Amazonía como vacío demográfico significa(ba) legitimar las inversiones direccionadas a la región y la consecuente invasión de los territorios indígenas que, como “tierras de nadie”, estaban supuestamente “disponibles” a la apropiación por terceros. El discurso de la baja densidad demográfica de la región amazónica frente a las ya “saturadas” demás regiones del Ecuador, aunque estadísticamente comprobable[7], ignora la diversidad de territorialidades ahí existentes.
Sin embargo, tal imaginario sirve para enmascarar intereses particulares, legitimados por medio del discurso estatal que justifica el “aprovechamiento” de aquello espacio “vacío” en nombre del “bien común” (el interés nacional). Además de descontextualizar el concepto de densidad, ya que no consideraba que los diferentes pueblos que allá viven se organizan a partir de otras racionalidades y, por lo tanto, de otras configuraciones territoriales, el mito del vacío demográfico sirve como escape para los problemas generados por una estructura socioeconómica desigual – como es el caso de la injusta distribución de tierras en otras regiones del país, que hace aumentar la presión sobre tierras supuestamente vacías – evadiendo los cambios reales en tal estructura.
Sin embargo, en un contexto de reconocimiento constitucional de la plurinacionalidad del Estado ecuatoriano y de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, tras un periodo de intensa movilización política en la década de los 90, la manutención de tal perspectiva mítica es absurda. Pese a las sucesivas invasiones y despojos coloniales y estatales, los pueblos indígenas amazónicos han podido re-existir[8] – reinventándose en su diferencia tras los seguidos procesos de des-territorialización impuestos por la expansión de la malla territorial estatal – y su re-existencia ya no puede seguir siendo ignorada por el gobierno y por la misma sociedad que aprobó la primera constitución plurinacional del mundo.
Tras los seguidos procesos de invasión y despojo territorial sufrido, la re-territorialización de esos pueblos se ha dado de forma precaria, en los llamados “espacios intersticiales” (Little, 2002), es decir, aquellos que fueron dejados de lado de acuerdo a los intereses económicos y límites tecnológicos de cada periodo histórico, como era el caso de gran parte de la región amazónica hasta los años 1970. Sin embargo, en el actual contexto geopolítico de reprimarización de las economías latinoamericanas con base en la explotación de los llamados recursos naturales,la posibilidad de escapar hacia espacios en los cuales sea posible reproducir su sistema propio de vida se vuelve cada vez más difícil y el riesgo de que se concretice un etnocidio es muy alto.
De hecho, la Constitución ha reconocido la deuda histórica que tiene la sociedad ecuatoriana con esos pueblos, estableciendo el derecho de protección y autodeterminación de sus territorios. El Estado sería, por lo tanto, el responsable por garantizar que ya no se siga avanzando hacia sus espacios de vida:
“los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008: 47).
Además, la Constitución reconoce el derecho de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas a la consulta previa, libre e informada “sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008: 45)[9].
Sin embargo, en razón de la mirada colonialista que se tiene sobre la Amazonia y sus pueblos, tales normas constitucionales están siendo explícitamente violadas en el caso de la explotación petrolera del bloque ITT. La densificación de la malla territorial estatal, brutalmente superpuesta a las territorialidades indígenas, atropella los derechos de la naturaleza y los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas, que terminan relegados a último plano en función de un pretenso desarrollo nacional. La plurinacionalidad reconocida constitucionalmente termina absorbida – en una clara estrategia de etnofagia (Díaz-Polanco, 2006) – por una retórica de respecto y/o exaltación de las diferencias culturales por parte de los representantes del gobierno y de las políticas públicas, mientras los modelos socioeconómicos destructivos a las culturas no hegemónicas siguen siendo predominantes.
De esa manera, la falacia del multiculturalismo liberal hegemónico “permite que cada grupo racializado tenga su espacio y celebre su identidad/cultura siempre y cuando no cuestione las jerarquías étnico-raciales de poder de la supremacía blanca y mantenga el status quo intacto” (Grosfogel , 2007: 44). Es decir, el reconocimiento de la diferencia se da en el marco de un Estado que sigue ignorando los derechos de las minorías étnicasen nombre de un “interés nacional” abstracto y de un “desarrollo” que nunca ha llegado a resolver concretamente el problema de la pobreza y desigualdad en el país.
El mito del desarrollo como solución a la pobreza
Las nociones de crecimiento, de progreso y desarrollo, que están en la base del carácter insostenible de la organización actual de la economía siguen orientando las políticas públicas. (…) no sólo no se ha frenado, sino que se ha acentuado un modelo de inserción en el mercado mundial basado en la extracción de bienes primarios, en el asalto a los bienes comunes de la vida. (…) En Ecuador, por primera vez en la historia, una constitución reconoce los derechos de la naturaleza. Y sin embargo, las tensiones entre las visiones extractivistas de desarrollo y progreso y otros modos de vida continúan atravesando estos procesos políticos tanto en las políticas de la oposición, como al interior de los propios gobiernos. (LANDER, 2010: 3)
Compartimos con Esteva (1988) la perspectiva del desarrollo como mito moderno, fuente de la misma escasez que pretende solucionar a través de las políticas de ayuda y cooperación[10]: “la causa principal del hambre moderna, como expresión de escasez, se encuentra en el desarrollo – en cualquiera y todas las formas conocidas de desarrollo” (Esteva, 1988: 110). En ese sentido, existe una “documentación fehaciente sobre la contra-productividad de las estrategias de desarrollo o sobre su incapacidad para conseguir los resultados en cuyo nombre se conciben y llevan a la práctica” (Esteva, 1988: 109), lo que en el caso ecuatoriano puede ser comprobado por la historia reciente del país. De hecho, la adopción de este modelo en otros periodos históricos, aunque haya tenido como consecuencia un significativo crecimiento económico, no se ha traducido en mejorías de la calidad de vida de la población, y mucho menos en la reducción de las desigualdades socioeconómicas.
Según análisis del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), “la pobreza en sí no es un problema que dependa únicamente del volumen de ingresos del Estado, sino de cómo éstos se distribuyen”, es decir, a pesar del significativo crecimiento económico de los últimos años y de la mejora en los servicios públicos de salud y educación, la riqueza sigue concentrada y las condiciones de vida de las camadas empobrecidas no han sufrido cambios significativos: “este gobierno ha recibido los mayores ingresos petroleros en la historia del país, pero estos recursos no ayudaron de manera significativa a superar las condiciones de pobreza porque la renta petrolera no sirvió para cambiar el modelo de acumulación” (CDES, 2013: 21).
Asimismo, los cambios recientes en el paradigma del desarrollo – relativos a la aparente superación de su inmediata asociación al crecimiento económico y su sustitución por un modelo de desarrollo vinculado a los problemas de acceso – siguen dejando intactos los temas de fondo, relacionados a una estructura injusta de concentración de la riqueza. Es decir, la nueva perspectiva de desarrollo adopta la estrategia de buscar que todos tengan acceso (lo que se garantiza por medio de políticas públicas), mientras no se realizan cambios profundos en la estructura política y económica.
Mientras tanto, la “contra-productividad fundamental del desarrollo” (Esteva, 1988: 110) se confirma por las constantes violaciones de los derechos colectivos y la contaminación del agua, suelo y aire en nombre del desarrollo nacional, imposibilitando las mínimas condiciones de sobrevivencia y reproducción de las familias que las políticas públicas supuestamente pretenden proteger y ayudar. Asimismo, las medidas desarrollistas terminan por expulsar un gran número de personas de sus territorios (sean ellos legalmente demarcados o no), además de apropiarse de fuentes de agua, negándoles a las comunidades cualquier posibilidad de gestión autónoma de sus recursos básicos de (re)producción.
Tal planteamiento nos lleva a reflexionar sobre la finalidad y las intenciones reales de estas políticas públicas, ya que al mismo tiempo en que las implementa, el gobierno incentiva en otras escalas (incluso con mucho más recursos) el desarrollo de proyectos que terminan por afectar y desarticular las condiciones ya precarias de sobrevivencia y autodeterminación de los grupos vistos como vulnerables. En un artículo sobre la relación entre el hambre mundial y el mito del desarrollo, Bretón resalta que las políticas implementadas por los estados juegan un rol fundamental en la reproducción de “un sistema mundial que genera inequidad, exclusión, pobreza y hambre” (Bretón, 2009: 26).
Para las poblaciones amazónicas, la imposición de actividades productivas y formas de ocupación ajenas a la ecología de la selva (Little, 2002), tanto debido a la extracción del petróleo, como en función de la colonización intensificada por la apertura de carreteras, tuvieron un efecto desestabilizador para las comunidades indígenas. La situación es así resumida por Breda:
La población indígena que habitaba el local desde mucho antes que existiera Texaco o mismo el Ecuador, ha sido ignorada en nombre del bien común. En la década de sesenta, pocos indígenas hablaban el castellano en la Amazonía ecuatoriana y, en algunos grupos, recién habían establecido algún tipo de contacto con el hombre blanco. Mientras la empresa avanzaba hacia adentro de la selva y botaba en el ambiente los residuos de la prospección petrolera, los indígenas fueron siendo desalojados. Tuvieron que abandonar sus tierras porque, obviamente, ya no podían vivir allí.(…) Aproximadamente el 40% de la renta obtenida por la balanza comercial del país depende de este barro negro y pegajoso que mueve los engranajes del mundo. Por lo menos en la teoría, el gobierno necesita las ganancias del petróleo para invertir en programas sociales que saquen a los ecuatorianos de la miseria. (…) Sin embargo, mirando a Shushufindi, ante-sala de la extracción y casa de máquinas de la economía, nadie tiene duda de cuál es el verdadero origen del subdesarrollo” (2011: 255; traducción libre).
Consideraciones finales
Esperamos que, por medio de las reflexiones teóricas planteadas, se hayan generado aportes para el análisis crítico sobre las ideas-mitos que atraviesan el impase sobre la explotación del Yasuní. Asimismo, nos parece fundamental resaltar que la apuesta en el extractivismo en nombre del “desarrollo nacional”, dando seguimiento al atropello de los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas en pro de una supuesta solución a los problemas sociales, es una estrategia mentirosa y reincidentemente fallida en la historia del país.
De hecho, la solución a la inequidad social tiene que ser pensada a partir de estrategias innovadoras y realmente revolucionarias – como lo sería “aumentar la carga tributaria sobre los 110 grupos económicos, que fueron los “mayores” beneficiarios del crecimiento y de la estabilidad económica experimentada durante los últimos años”(CDES, 2013: 21)[11]. Esta es, sin embargo, sólo una de las alternativas posibles, que deben ser planteadas y discutidas colectivamente por los diferentes sectores que componen la sociedad.
Entendemos que la garantía de condiciones dignas y diversas de alimentación, salud y educación, basadas en un verdadero respeto a la diversidad de culturas y a la naturaleza, solo es posible si a cada uno de los grupos culturales se garantiza una realización autónoma. Lejos de significar la independencia total, aislamiento o esencialización, significa reconocer que las culturas son fruto de un juego constante entre esencialización y mezcla, entre momentos alternados de intercambio cultural – que originan una multiplicidad creativa – y aquellos fundamentales de aislamiento relativo y estratégico para re-existir. Esta autonomía relativa requiere, necesariamente, una base territorial, en donde cada cultura pueda reproducirse material y simbólicamente (Haesbaert, 2011). De esa manera, sustentamos que un Estado plurinacional es necesariamente un Estado pluriterritorial en el cual a los diferentes grupos culturales les sea garantizado el derecho a decidir autónomamente sobre sus espacios de vida y reproducción.
Nuestra intención es justamente romper con la falsa idea – impuesta tanto a través de la violencia (inter e intra-estatal), como por medio de las culturas académicas y de las prácticas disciplinares – de que “las características de la sociedad llamada moderna son la expresión de las tendencias espontáneas, naturales del desarrollo histórico de la sociedad” (Lander, 2005: 22). Frente a un aparente modelo civilizatorio único, globalizado y universal, recalcamos la importancia de la crítica y de la práctica política – entendida como el arte de definir límites (Porto Gonçalves, 2002) – que permitan abrir espacio para soñar y construir, a través del diálogo, otros y diversos mundos posibles.
Bibliografía citada:
ASAMBLEA NACIONALDE LA REPÚBLICA DE ECUADOR (2008). Constitución de la República del Ecuador. Quito.
BREDA, Tadeu (2011). O Equador é verde: Rafael Correa e os paradigmas do desenvolvimento. São Paulo: Elefante.
BRETÓN, Víctor (2009). “¿Continuarán muriendo de hambre millones de personas en el siglo XXI”. En: Revista Española de Estudios Agrosociales, 224. Pp. 69-109.
CENTRO DE DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES – CDES (2013). “Plan C: redistribución de la riqueza para no explotar el Yasuní y salvaguardar a los indígenas aislados”. En: Cuadernos para el Debate, n. 4, agosto 2013. Quito: CDES.
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[1] La naturaleza es reconocida como “sujeto de aquellos derechos que le reconozca la constitución”, los cuales son definidos en el artículo 71: “la naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y generación de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. (…) El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema”. El artículo 73 establece: “El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008: 55).
[2] En el artículo 57, sobre los derechos colectivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, la Constitución establece que “los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008: 47; cursiva nuestra).
[3]Respecto a la afectación a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIAV), cuando recién se había anunciado la explotación del bloque 43, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Culto publicó un polémico mapa en el cual el territorio de los PIAV se ubicaba distante al área a ser explotada, alterando explícitamente un mapa que había sido publicado antes por el Ministerio del Ambiente (Mapa en Anexo). En primer lugar cabe resaltar la ineficacia de los métodos utilizados por los técnicos del gobierno para localizar a los PIAV, lo que ya ha sido denunciado por el Colectivo de Antropólogos y Antropólogas del Ecuador (2013);además, considerando que estos pueblos tienen una territorialidad bastante específica – marcada por dinámicas territoriales cíclicas – es imposible delimitar de manera tan rígida y esquemática el espacio que utilizan para su (re)producción.
[4]En el discurso oficial, el argumento del 1×1000 se muestra como un dato técnico irrefutable, que es presentado como única verdad respecto a cómo afectará la explotación petrolera al espacio amazónico del ITT. Sin embargo, como explicitaremos adelante, hay innúmeras otras variables que deberían ser consideradas para prever las posibles afectaciones a un ambiente tan frágil y biodiverso como el Yasuní, como: el agua en superficie y en subsuelo, el aire, las ondas sonoras, el aumento de la accesibilidad hacia la caza y la tala ilegal y los efectos de la colonización. En el mismo sentido, con el objetivo de legitimar la explotación con base a informaciones técnicas, la utilización de una tecnología de punta es señalada como garantía de bajos niveles de impacto ambiental. También aquí se trata de un dato absolutamente refutable, ya que la mayoría de los estudios demuestra que la industria petrolera nunca está exenta de contingencias (Harman, 2013).
[5]Para lo cual se requiere la colocación de explosivos cada 50 metros en líneas que se ubican cada 500 metros a lo largo de todo el posible yacimiento de petróleo, a través de la apertura de trochas por donde pasa la maquinaria pesada.
[6]El artículo 73 establece: “El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008: 55; cursiva nuestra).
[7] Según dados del INEC (2010), la densidad demográfica de la región amazónica es de 4,74 habitantes por metro cuadrado, mientras la media nacional es de 48,63.
[8]Porto Gonçalves (2006) plantea que, más que resistencia, los pueblos originarios han re-existido, ya que no se trata de simple reacción a una acción externamente impuesta, sino de la resistencia basada en una existencia anterior, que en general se organizaba con base en racionalidades muy diferentes de la hegemónica – y por lo tanto invisibilizadas por los discursos oficiales.
[9]“Se reconoce y se garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos los siguientes derechos colectivos: (…) 7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; (…) La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008: 45).
[10] Aunque el autor se refiera al desarrollo y a la cooperación en términos interestatales, entendemos que lo mismo puede ser planteado a nivel interno de cada país, en el mismo sentido que lo hizo González Casanova (2007) con el concepto de colonialismo, al darse cuenta de que las mismas relaciones jerárquicas establecidas entre los países se reproducían al interior de cada país, a través de la sumisión de los sectores considerados inferiores, creando el concepto de colonialismo interno.
[11] “Actualmente la carga tributaria sobre las ventas de los 110 grupos más ricos es de 2,9%. Si sólo incrementáramos esta carga en un 1,5%, podríamos obtener por lo menos 2.000 millones de dólares “extras” a lo que se piensa recaudar, en el mismo período de tiempo (25 años), por la explotación del Yasuní” (CDES, 2013: 21).
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