DECLARACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE ECOLOGÍA POLÍTICA DESDE EL SUR/ABYA YALA DE CLACSO
(português abaixo; english below)
Link a la declaración en el sitio web de CLACSO.
Las recientes imágenes que circulan por el mundo sobre los incendios en la Amazonía, y también en el Pantanal, el Cerrado y el Chaco, así como las nubes de humo sobre la ciudad de São Paulo, no son casualidades climáticas, sino resultado del avance del neoextractivismo y la deforestación voraz intensificada por las políticas criminales del gobierno de Bolsonaro. Este gobierno está malversando la legalidad estatal para impulsar desde allí una política delincuencial contra los Derechos Humanos y los Derechos de la Naturaleza más básicos. La gigantesca frontera de fuego que está arrasando la Amazonía constituye uno de los capítulos más aberrantes de sus crímenes políticos y merece el más urgente y activo repudio de toda la comunidad internacional.
Desde la campaña electoral del año pasado (agosto a octubre), Bolsonaro apoya milicias, terratenientes, madereros, mineros ilegales y todos aquellos que tienen interés en el saqueo de los recursos naturales; con su apoyo, propicia los crímenes ambientales, la violencia contra líderes y lideresas campesina/os, indígenas y ambientalistas, y también la impunidad de esos crímenes.
Las primeras medidas de gobierno desde que asumió el poder se dirigieron a suprimir las reglamentaciones ambientales y los derechos de los pueblos indígenas (MP 870/2019). Asociado a un discurso explícitamente racista, desde sus lives en Facebook, incentivó a grupos de interés asociados con prácticas delictivas con promesas de legalizar la minería y las plantaciones de monocultivo de soya dentro de los territorios indígenas. En el gobierno de Bolsonaro sus ministros sistemáticamente persiguen a los funcionarios y agentes de fiscalización, al mismo tiempo que cortan los fondos para las operaciones que cumplen la ley, por ejemplo recortando presupuesto a la policía federal y al órgano de protección ambiental (Ibama).
Las imágenes de los incendios en la Amazonía brasileña que hoy estremecen (o deberían estremecer) a todo el mundo, son el resultado de esas políticas. El Instituto Nacional de Pesquisa Espacial (INPE, que Bolsonaro ha atacado con acusaciones de fakenews, censura e intervenciones políticas) registra más de 72,8 mil incendios en lo que va del año; lo que significa un aumento de 83 % respecto a los incendios del año pasado, después de un aumento de 278% en la deforestación en el mes de Julio, y una disminución de 30% de las multas por la agencia de fiscalización ambiental (Ibama). Lo que aviva esos incendios, son acciones criminales que van de la mano de la voracidad extractivista, sea del agronegocio, de la minería a gran escala, el expolio forestal, o el acaparamiento especulativo de las tierras, entre otros. Y detrás de cada incendio, avanzan también la destrucción de los ríos y de la biodiversidad, la contaminación de las aguas, el aire y los suelos; los asesinatos, las torturas y persecuciones a poblaciones indígenas y comunidades tradicionales (ribereños, campesinos, quilombolas), y la mortandad masiva de animales. Detrás de cada incendio, se aviva también la amenaza de exterminio de esos pueblos/culturas, así como también de otras especies.
Los incendios que acá denunciamos y repudiamos no están sólo aconteciendo en Brasil; también hay focos originados en Bolivia y Paraguay, por los mismos móviles y los mismos actores, por lo que la desidia y la responsabilidad política de estos crímenes compete también a los gobiernos de dichos países, y en general, a todos los gobiernos que, independientemente de sus orientaciones ideológicas, han venido propiciando la voracidad extractivista en curso.
Por cierto, el plan sistemático de destrucción de la Amazonía no empezó con Bolsonaro ni se restringe a su gobierno, pero desde su llegada al poder, se ha verificado un giro perverso de aceleración, intensificación e impunidad. Esta avanzada desquiciada del neoextractivismo, la deforestación salvaje y las quemas incontroladas en un contexto de seca, muestran la clave del capitalismo actual y su tendencia al ecocidio. La destrucción y las afectaciones provocadas por estas políticas alcanzan no sólo a toda la cuenca Amazónica, sino también a importantes eco-regiones de Sudamérica, como las de Pantanal, el Cerrado y el Chaco. La intensificación de un patrón de acumulación basado en la depredación sistemática de los bienes naturales de estos territorios, nos colocan en una situación de gravedad extrema, no sólo para la Amazonía y sus poblaciones históricas, ni para Sudamérica, sino para el conjunto de las poblaciones humanas que viven en y de nuestro Planeta Tierra.
La quema de la Amazonía es un capítulo más, pero no el menor, sino uno de los más graves, del proceso de devastación que la “economía moderna” está llevando a cabo frente a nuestros ojos. En nombre del “desarrollo” y la “civilización” estamos asistiendo a uno de los actos más extremos de la barbarie humana. Sentimos y decimos -por nosotros mismos, no por “el ambiente”- que no podemos permanecer impasibles ante este macabro espectáculo de muerte a gran escala. Desde la academia crítica y comprometida con la sociedad y la naturaleza, hacemos un llamado a un urgente repudio activo contra este gobierno y contra sus políticas criminales sobre la Amazonía. Hacemos un llamado de solidaridad para multiplicar y coordinar las acciones de defensa de la Amazonía y de sus pueblos, guardianes de la selva y de las aguas, a fin de detener y condenar los crímenes de lesa Naturaleza y de lesa Humanidad que está perpetrando el actual gobierno de Bolsonaro.
Firman: Académicos e investigadores de más de 50 universidades de América Latina y Europa
Brasil: Felipe Milanez, Carlos Porto-Gonçalves, Camila Moreno, Stephanie Salgado, Luiz Marques, Ricardo Folhes, Caetano De’ Carli, Daniel Jeziorny, Elaine Santos, Cláudia Guedes, Marcos Leite De Matos Todt, Salvador Schavelzon, Laila Thomaz Sandroni, Gilca, Garcia de Oliveira, Roberto Araújo de Oliveira Santos Júnior, Laila Sandroni, Eduardo Neves, Vanessa Empinotti, Ricardo Theophilo Folhes, Edna Castro, Thiago Cardozo, Gilca Garcia de Oliveira, Íñigo Arrazola Aranzabal, Adriana Bravin. Argentina: Horacio Machado Aráoz, Maristella Svampa, Paula Damico, Ana Carballo, María Gabriela Merlinsky, Nazaret Castro, Ariel M. Slipak, Marian Sola Alvarez, Jonatán Andrés Núñez, Laura Álvarez, Gabriela Wyczykier, Lucrecia Wagner, Facundo Rojas, Pablo Bertinat, Leticia Sadi, Sofia Astelarra, Cecilia Anigstein, Pablo Jorge Bertinat, Juan Antonio Acacio, Melisa Argento, Julieta Godfrid, Martín Kazimierski, Gustavo Romeo, Martina Gamba, Bruno Fornillo. Chile: Beatriz Bustos, Francisca Fernández, María Fragkou, Evelyn Arriagada, Santiago Urrutia Reveco. Colombia: Denisse Roca Servat, Catalina Toro Pérez, Tatiana Roa Avendaño, Patricia Noguera, Laura Gutiérrez, Yusmidia Solano Suárez, John Fitzgerald Martinez, Mario Alejandro Pérez Rincón, Paola Marcela Trivino Cruz, Juan Camilo Cajigas, Johan Ardila Espinel, Ximena Osorio Osorio, Mauro Carvajal Guerrero, Camilo Salcedo Montero, María Luisa Eschenhagen, Ana Isabel Márquez Pérez, Yusmidia Solano. Costa Rica: Grettel Navas. Cuba: Maydi Bayona, Gilberto Javier Cabrera Trimiño, Yolanda Wood. Ecuador: Melissa Moreano, Elizabeth Bravo. Honduras: Sofia Marcia, Carlos Alberto Alvarado Hernandez, Orlando David Murillo Lizardo. México: Enrique Leff, , Víctor Toledo Manzur, Mina Lorena Navarro, Omar Felipe Giraldo, Aída Luz López, Flor Mercedes Rodríguez Zornoza, Mariana Elkisch, Raquel Gutiérrez Aguilar, Ezer May May, Sergio Prieto Díaz, Lucia Linsalata, Úrsula Hernández, Sandra Rátiva Gaona, Ramón Martínez Coria, Scott Robinson, Elisa Cruz Rueda, Romel González. Nicaragua: Mario Sánchez. Perú: Gisselle Vila Benites, Raquel Neyra, Luis Felipe Torres Espinoza. Puerto Rico: Gustavo García. Venezuela: Edgardo Lander, Emiliano Terán Mantovani. Bélgica: Robin Larsimont. España: Joan Martínez Alier. Francia: Mina Kleiche. Italia: Salvatore Engel-Di Mauro.
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Os incêndios na Amazônia são crimes políticos de Bolsonaro e a ação é urgente
As recentes imagens que circulam pelo mundo sobre os incêndios na Amazônia, e também no Pantanal, no Cerrado e no Chaco, assim como as nuvens de fumaça sobre a cidade de São Paulo, não são acasos climáticos, mas resultado do avanço do neoextrativismo e da desflorestação voraz intensificadas pelas políticas criminosas do governo Bolsonaro. Este governo está subvertendo o sistema jurídico-institucional para impulsionar uma política delinquente contra os mais fundamentais Direitos Humanos e os Direitos da Natureza. A gigantesca fronteira de fogo que está arrasando a Amazônia constitui um dos capítulos mais aberrantes de seus crimes políticos e merece o mais urgente e ativo repúdio de toda a comunidade política.
Desde a campanha eleitoral do ano passado (agosto a outubro), Bolsonaro tem apoiado milícias, latifundiários, madeireiros, garimpeiros ilegais e todos aqueles que possuem interesse no saque dos recursos naturais; com seu apoio, incentiva a prática de crimes ambientais, a violência contra líderes camponesas/es, indígenas e ambientalistas, bem como a impunidade em favor desses crimes.
As primeiras medidas desde que assumiu o poder se dirigiram a atacar diretamente e suprimir a regulação ambiental e os direitos dos povos indígenas (MP 870/2019). Associado a um discurso explicitamente racista, desde as suas lives no Facebook, incentiva criminosos com promessa de legalizar o garimpo e a mineração, o arrendamento, das plantações de soja dentro dos territórios indígenas. No governo Bolsonaro, seus ministros sistematicamente perseguem aos funcionários e agentes de fiscalização ao mesmo tempo em que cortam os recursos para as operações de comando e controle da lei, por exemplo, cortando os recursos e autonomia do Ibama bem como o apoio da polícia federal para operações ambientais.
As imagens dos fogos na Amazônia brasileira que hoje chocam (ou deveriam chocar) a todo o mundo, são o resultado dessas políticas. O Instituto Nacional de Pesquisa Espacial (INPE, que Bolsonaro tem atacado com acusações baseadas em fakenews, censura e intervenções políticas), registrou mais de 72,8 mil focos de incêndio neste ano; o que significa um aumento de m83% em relação ao ano passado, após um aumento de 278% do desmatamento no mês de julho, enquanto diminuiu em 30% as multas do Ibama. O que acende esses fogos são ações criminosas que andam de mãos dadas com a voracidade extrativista, seja do agronegócio, da mineração em grande escala ou dos pequenos garimpos, da espoliação florestal, a grilagem e a especulação da terra. Por trás de cada incêndio, avançam também a destruição dos rios e da biodiversidade, a contaminação das águas, do ar e dos solos; os assassinatos, as torturas e perseguições a populações indígenas e comunidades tradicionais (ribeirinhos, camponeses, quilombolas, fundos e fechos de pasto), e a mortandade massiva de animais. Atrás de cada incêndio, se acende também a ameaça de extermínio de estes povos/culturas, assim como também de outras espécies.
Os incêndios que aqui denunciamos e repudiamos não estão apenas acontecendo no Brasil; também há focos originados na Bolívia e no Paraguai, pelos mesmos motivos e atores, pelo que a responsabilidade política de estes crimes compete também aos governos destes países, e em geral, a todos os governos que, independentemente de suas orientações ideológicas, têm propiciado a voracidade extrativista em curso.
Certamente o plano sistemático de destruição da Amazônia não começo com Bolsonaro e nem se restringe ao seu governo, mas desde a sua chegada ao poder, verifica-se um giro perverso de aceleração, intensificação e impunidade. Este avanço demente do neoextrativismo, a desflorestação selvagem e as queimadas descontroladas em um contexto de seca, mostram a chave do capitalismo atual e sua tendência ao ecocídio. A destruição e o alcance provocado por estas políticas alcançam não apenas a Bacia Amazônica, mas também importantes eco-regiões da América do Sul, como o Pantanal, o Cerrado e o Chaco. A intensificação de um padrão de acumulação baseado na depredação sistemática dos bens naturais desses territórios, nos coloca em uma situação de extrema gravidade, não apenas na Amazônia e suas populações históricas, não apenas na América do Sul, mas ao conjunto das populações humanas que vivem no nosso Planeta Terra.
A queima da Amazônia é um capítulo a mais, mas não menor, se não um dos mais graves, do processo de devastação que a “economia moderna” está levando a cabo em frente de nossos olhos. Em nome do “desenvolvimento” e da “civilização” estamos assistindo a um ato dos mais extremos da barbárie humana. Sentimos e dizemos — por nós mesmos, não pelo “ambiente” — que não podemos permanecer impassíveis ante este macabro espetáculo da morte em grande escala. Da academia crítica e comprometida com a sociedade e a natureza, fazemos um chamado urgente de repúdio coletivo contra este governo e contra suas políticas criminosas na Amazônia. Fazemos um chamado de solidariedade para multiplicar e coordenar ações de defesa da Amazônia e de seus povos, guardiões da floresta e das águas, de forma a deter e condenar os crimes de lesa Natureza e de lesa Humanidade que está sendo perpetrado pelo atual governo Bolsonaro.
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The Amazon fires are Bolsonaro’s political crimes and call for urgent action
The recent images of fires in the Amazon, in Pantanal, Cerrado and Chaco as well as the smoke clouds hovering over São Paulo, are not mere coincidences of climate. They are the result of advances in neo-extractivism and deforestation, intensified by the criminal policies of Jair Bolsonaro’s government. This government is manipulating legal frameworks to promote vicious policies against the most basic human rights as well as against Nature Rights. The colossal rings of fire engulfing the Amazon are one of the most abhorrent chapters of his political crimes and deserve the most urgent and active repudiation by the entire international community.
From his electoral campaign (that took place between August and October), Bolsonaro has supported militias, cattle ranchers, farmers, loggers, illegal miners and all those who are interested in plundering natural resources. His support bolsters environmental crimes, violence against indigenous, peasant and environmental leaders as well as impunity for those crimes.
The first measures taken when he assumed office were aimed at removing environmental regulations and Indigenous people’s rights (MP 870/2019). In his explicitly racist Facebook live-streaming sessions, he promised to legalise mining and soybean cultivations inside indigenous territory, emboldening interest groups involved in criminal activities. In Bolsonaro’s government, his ministers systematically persecute public officials who oversee the rainforest, at the same time as they cut public funds for programs that follow environmental laws; for example, the budget cuts to the federal police and the environmental protection agency (Ibama).
The images of the Brazilian Amazon fires that worry (or should worry) the entire world, are the result of these policies. The National Institute for Space Research (INPE) – that Bolsonaro has attacked with censorship, accusations of fake news and political interventions – has documented over 72,800 fires this year. This represents an 83% increase in relation to last year after a 278% increase in deforestation in the month of July and a 30% reduction of the fines imposed by the environmental protection agency. What stokes these fires are the criminal actions that go hand in hand with extractivist greed, be it from agribusiness, large-scale mining, forest plundering or speculative land accumulation, among others. As forest fires advance, so too do river and biodiversity destruction; water, air and soil pollution; murder, torture and persecution of indigenous and traditional communities (ribeirinhos,peasant and quilombolas) and the mass killing of animals. With each of these fires, the threat of extermination to those peoples, cultures and species is also stoked.
The fires that we condemn here are not only happening in Brazil, there are also fires in Bolivia and Paraguay that share the same motivations and actors. The apathy and political responsibility for these crimes belongs to the governments of those countries too and to all the governments that, independently of their ideological orientation, have encouraged the current extractivist greed.
In truth, the systematic destruction of the Amazon did not begin with Bolsonaro, nor is it restricted to his government. However, since his arrival to power a perverse acceleration, intensification and impunity towards these trends can be seen. This senseless advance of neo-extractivism, savage deforestation and uncontrolled burning in the context of a drought illustrate the key dynamic of capitalism and its tendency to ecocide. The destruction and devastating effects of these policies not only extend to all of the Amazon basin, but also other important eco-regions in South America, such as the Pantanal, the Cerrado and the Chaco. The intensification of a pattern of accumulation based upon the systematic plundering of the natural goods of these territories, put us all in a situation of extreme danger, not only for the Amazon and its historical peoples, nor even for South America, but for the entire human population that live in and off our planet Earth.
The burning of the Amazon is another chapter, perhaps one of the gravest, of the process of devastation that the ‘modern economy’ is carrying out in front of our eyes. In the name of ‘development’ and ‘civilization’ we are witnessing one of the most extreme acts of human barbarism. We believe and say that – for ourselves, not for ‘the environment’ – we cannot remain passive in front of this macabre spectacle of mass destruction and death. From a critical academia committed to society and nature we make an urgent call for an active repudiation of this government and its criminal policies over the Amazon. We call for solidarity to multiply and coordinate actions to defend the Amazon and its peoples, guardians of the forest and the waters, to stop and condemn the crimes against nature and humanity that the government of Bolsonaro continues to perpetrate.