Napo es parte de la Alta Amazonía, por donde nacen vertientes de agua que originan la cuenca amazónica.

Habitan los pueblos originarios kichwas y huaoranis y población mestiza todos asentados a lo largo de los ríos o con una estrecha relación con ellos.

Sin embargo, como vimos, la territorialización minera estatal y empresarial por creciente demanda global de minerales ha crecido ampliamente en los últimos años y los gobiernos tanto nacional como locales no han actuado en consecuencia. En cambio, se ha evidenciado vínculos entre las empresas que tienen concesiones legales como Terraearth Resource S.A. con operadores externos y locales incluyendo autoridades, que realizan actividades al margen de la legalidad.

Se observa el incremento de la violencia, grupos armados y control territorial en zonas mineras. Preocupa mucho la manera de instalarse de los mineros, más allá de áreas concesionadas, mediante el comercio, alquiler o “tráfico” de tierras para minería.

Entre los efectos se encuentran:

Afectación de islas ribereñas con suelos ricos para la producción agrícola por la explotación de oro.

No hay protección para los trabajadores incluida la falta de derechos de trabajadores locales.

Pérdida de la soberanía alimentaria debido a la destrucción de las chakras y del suelo cultivable y de los bosques.

En 2022, solo en el río Jatunyaku, se registraron 111 áreas mineras equivalente a 444 hectáreas directas, ¿cuántas hectáreas son las afectadas para 2024?

La minería ha instalado la política de la muerte y el silencio para sobrevivir entre un estado que no tiene capacidad de control.